Con expertos de cinco países y representantes del sector público y privado, Bolivia fue sede del Foro Internacional “La extracción minera ilegal ligada al crimen organizado en la región latinoamericana y cómo afecta a Bolivia”, un espacio que analizó el avance de las economías ilícitas vinculadas a la minería en América Latina.
El encuentro reunió a especialistas de Ecuador, Perú, Colombia, México y Bolivia para debatir cómo la minería ilegal dejó de ser una actividad aislada y se convirtió en una amenaza estructural con impacto económico, social, ambiental y de seguridad.
Durante la jornada, se abordaron problemáticas como el uso indiscriminado de mercurio en la Amazonía, la expansión de maquinaria ilegal y los vínculos de la extracción ilícita de oro con redes criminales internacionales.
Los expertos también analizaron el impacto sobre las operaciones mineras tradicionales, donde el robo de minerales y la infiltración del crimen organizado generan pérdidas millonarias y afectan la seguridad jurídica del sector.
Según los organizadores, el incremento de los precios internacionales de los minerales creó un escenario favorable para la expansión de estas actividades ilegales, convirtiendo incluso a la minería clandestina en un mecanismo utilizado para el lavado de dinero.
El foro fue impulsado por Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI Internacional) y organizado con apoyo de Cumbre del Sajama S.A., con el objetivo de encender una alerta regional sobre el crecimiento de estas economías ilícitas en países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y México.
El programa incluyó exposiciones magistrales y conversatorios sobre monitoreo satelital, criminología, química forense, gestión ambiental y mecanismos institucionales para enfrentar el problema.
El evento congregó a representantes del Estado, cooperativas mineras, empresas privadas, fuerzas del orden, academia y organizaciones civiles, promoviendo un diálogo multisectorial para construir propuestas conjuntas.
Como resultado del encuentro, los organizadores prevén elaborar un documento con recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza de los recursos naturales y promover una minería responsable en la región.
La iniciativa forma parte de la continuidad de los “Diálogos Mineros” desarrollados en 2025, donde ya se advertía que la minería ilegal dejó de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un desafío que afecta la seguridad y estabilidad institucional de los países.
