El Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario y lo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y tratamiento legislativo. La propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y plantea un conjunto de medidas orientadas a ordenar el sistema fiscal, facilitar el cumplimiento tributario y fortalecer la seguridad jurídica, sin crear nuevos impuestos ni elevar las alícuotas vigentes.
¿En qué consiste el Proyecto de Ley?
La iniciativa del Órgano Ejecutivo busca regularizar deudas tributarias, simplificar el pago de impuestos y reducir los plazos de prescripción. El Gobierno asegura que el proyecto no tiene un enfoque recaudatorio, sino que apunta a mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes, promoviendo la formalización y la transparencia en el sistema impositivo.
Nuevos regímenes y condonación de deudas
Uno de los ejes centrales es la creación del Sistema Integrado Especial de Transición del Régimen General (SIETE-RG), dirigido a pequeños emprendedores con ventas anuales menores a Bs 400.000.
Este régimen unifica el IVA, el IUE y el IT en un solo pago bimensual del 5% sobre ventas, con una vigencia de tres años y menores cargas administrativas.
El proyecto también contempla una condonación extraordinaria de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, para montos menores a Bs 10 millones. Para obligaciones desde 2018, se propone la regularización mediante el pago del tributo omitido actualizado, con condonación de multas e intereses y facilidades de pago de hasta 24 meses.
IVA transparente y cambios en la prescripción
La propuesta introduce el concepto de “IVA transparente”, que aplicará el 13% real sobre el precio neto y mostrará el impuesto de forma separada en la factura, eliminando la distorsión del 14,94% efectivo. Según el Ejecutivo, esto dará mayor claridad al consumidor y reducirá errores y sanciones.
Asimismo, el proyecto modifica el Código Tributario al reducir el plazo de prescripción de ocho a cuatro años y fijar en dos años el plazo de ejecución tributaria. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad jurídica y la paz social.
Para entrar en vigencia, el proyecto deberá ser debatido, aprobado y promulgado por la Asamblea Legislativa, instancia en la que se definirá si el texto se mantiene o sufre ajustes durante el proceso legislativo.
