El diputado de la bancada Unidad, Alejandro Reyes, destacó como positiva la apertura de la fase técnica de la propuesta de distribución 50–50 de recursos entre el nivel central del Estado y las regiones. A criterio del legislador, este proceso debe comenzar con un diagnóstico económico regional, que permita planificar de forma responsable desde el Presupuesto General del Estado (PGE).
La iniciativa comenzó tras la instalación del gabinete de ministros en la ciudad de Santa Cruz, donde se abrió el diálogo técnico sobre la redistribución de recursos, en un contexto marcado por el debate regional y las demandas de mayor equidad fiscal.
Santa Cruz, punto de partida del proceso
Reyes consideró relevante que el inicio del proceso se realice en Santa Cruz, una de las regiones donde el debate generó mayor controversia. Según explicó, este enfoque permite que la propuesta avance de manera progresiva y técnica, con información clara para la ciudadanía.
Las declaraciones fueron realizadas en contacto con Bolivia TV, donde el diputado señaló que la socialización del proyecto debe realizarse con transparencia y datos concretos.
Diagnóstico económico por región
Paso previo a la planificación fiscal
El legislador subrayó que el primer paso consiste en evaluar la situación económica de cada región del país. Este diagnóstico permitirá identificar deudas, déficit fiscal, responsabilidades incumplidas y recursos no ejecutados, elementos clave para definir qué competencias y obligaciones pueden asumir las regiones.
Con esta información, se podrá avanzar gradualmente en la aplicación del 50–50, evitando transferencias que superen la capacidad presupuestaria de los gobiernos subnacionales.
Hacia un nuevo modelo de gestión estatal
Una decisión estructural, según el Ejecutivo
A través de sus redes sociales, el presidente Rodrigo Paz informó que el inicio de la fase técnica del 50–50 junto al gabinete de ministros representa una decisión histórica y estructural, orientada a ordenar el Estado, reducir la burocracia centralista y avanzar hacia una mayor equidad mediante mesas sectoriales transparentes.
El proceso apunta a consolidar, de manera progresiva, un modelo de distribución equilibrada de recursos que pueda ser incorporado en el marco legal y presupuestario del país.
